Nosotras, las organizaciones que formamos parte del movimiento popular hondureño, estamos haciendo un llamado de solidaridad con la lucha de la Reforma Agraria en nuestro país, ya que como sabemos, por la falta de políticas públicas de acceso y legitimidad del recurso tierra, muchos hombres y mujeres del campo han tomado la decisión y el camino alternativo de recuperar un pedazo tierra para su propia sobrevivencia y la de su familia.
En torno a esta materia, evocamos en nuestra memoria, que en fecha 3 de agosto del año recién pasado (2008) ocurrió un lamentable suceso en la comunidad de Silin, Guadalupe Carney, del municipio de Trujillo, departamento de Colón, en cuyo término se dio un enfrentamiento entre miembros de la comunidad y del grupo campesino antes mencionado (Guadalupe Carney) y la familia del Comisario de Policía Henry Sorto, teniendo como resultado el infausto fallecimiento de 12 hondureños y hondureñas, que buscaban respuestas a las producción de alimentos y al acceso a la tierra.
A partir de esta situación, las fuerzas oscurantistas de aquella geografía nacional, representada especialmente por terratenientes y ganaderos, de manera impune y deliberada han acusado ante el Ministerio Público a 32 miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) por 5 delitos: asesinato, homicidio, asesinato en grado de tentativa, incendió y robo agravado.
Como consecuencia de lo anterior, actualmente, se encuentran en presión tres (3) compañeros campesinos: José Isabel Morales, Carlos Antonio Maradiaga y Carlos Armando Luis Castro, contra quiénes el Ministerio Público está solicitando una pena de 250 a 340 años para cada uno, los mismos están guardando prisión en La Granja Penal “El Porvenir” ubicada en ciudad de La Ceiba, Atlántida; no obstante, el lugar en que están guardando prisión, debido a la influencia política de los terratenientes y ganaderos el caso se está ventilando en los Juzgados de Trujillo.
De igual manera y de forma incomprensible la justicia hondureña, por primera vez, se ha mostrado ágil en la ejecución del proceso a tal punto que el juicio oral y público se ha solicitado por parte del Ministerio Público para verificarse dentro de 30 días y lo normal es que en nuestro país un proceso de tal naturaleza se estaría realizando para celebrarse en un (1) año, como mínimo.
Por otra parte, la defensa de nuestros compañeros ha estado bajo la responsabilidad de la Defensa Publica, lo cual no garantiza una defensa consciente y comprometida para obtener un falló favorable, ya que según entendemos, la intervención de la defensa pública es solamente para no violentar el derecho de defensa. En forma análoga, las familias de los 32 acusados han quedado desprotegidas ya que las mismas no pueden trabajar ni circular libremente para ganar el sustento diario, por la latente amenaza de sus vidas.
Por lo anteriormente descrito, es que las organizaciones del movimiento popular y La Vía Campesina en particular han determinado presentar en forma granítica este llamado de solidaridad con el propósito de recaudar recursos económicos que permitan la contratación de servicios legales que nos garanticen la pronta libertad de nuestros compañeros a través de una defensa eficaz, comprometida y objetiva y asimismo poder contribuir en los gastos de sustento de las 32 familias campesinas afectadas.
Los fondos que se obtengan a través de esta campaña de solidaridad serán empleados en movilizar la asistencia legal que se contrate, procurar investigaciones objetivas en el lugar de los acontecimientos y realizar observaciones periciales “in situ” que conduzca, en definitiva, a obtener argumentos legales firmes para sustentar una defensa coherente con los propósitos de lograr la libertad de los compañeros afectados; cuyos costos, según nuestras estimaciones puede llegar a varios millones de Lempiras.
Para lograr este objetivo, apelamos a la solidaridad nacional e internacional a la cual se le esta solicitando su contribución pecuniaria, de manera urgente, para abordar el proceso legal a que hemos hecho referencia; asimismo, también puede aportar sus contribuciones en especie para la manutención de las familias abandonadas. Con la intencionalidad descrita, la VÍA CAMPESINA y CNTC ha aperturado una cuenta específica donde puedan hacer llegar sus contribuciones, focalizada en el Banco BANPAIS, Cuenta de Ahorros en Lempiras No. 21-304-0055-293 a nombre de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) dicha cuenta será administrada desde las oficinas de la Vía Campesina.
Al término el proceso legal, los responsables de la administración de estos recursos a través de VÍA CAMPESINA, nos comprometemos a enviar un informe transparente respecto al uso y aplicación de los recursos obtenidos e, inclusive, si es necesario, también nos comprometemos a permitir una auditoría social y popular a la administración de los emolumentos y finalmente, realizar una rendición de cuentas en un plenario general.
Adicionalmente, también le estamos sugiriendo que pueden remitir cartas de apoyo moral para nuestros compañeros e igualmente, a las autoridades del Ministerio Publico, Corte Suprema y Casa de Gobierno exigiendo la libertad de los héroes agrarios que han aperturado un camino insospechado e inédito para el relanzamiento de la reforma agraria en los albores del siglo XXI.
Se adjunta un documento de la lucha por lograr la Tierra de la Comunidad Guadalupe CARNEY.
EXIGIMOS JUSTICIA PARA LOS MARTIRES DE LA NUEVA REFORMA AGRARIA HONDUREÑA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
En torno a esta materia, evocamos en nuestra memoria, que en fecha 3 de agosto del año recién pasado (2008) ocurrió un lamentable suceso en la comunidad de Silin, Guadalupe Carney, del municipio de Trujillo, departamento de Colón, en cuyo término se dio un enfrentamiento entre miembros de la comunidad y del grupo campesino antes mencionado (Guadalupe Carney) y la familia del Comisario de Policía Henry Sorto, teniendo como resultado el infausto fallecimiento de 12 hondureños y hondureñas, que buscaban respuestas a las producción de alimentos y al acceso a la tierra.
A partir de esta situación, las fuerzas oscurantistas de aquella geografía nacional, representada especialmente por terratenientes y ganaderos, de manera impune y deliberada han acusado ante el Ministerio Público a 32 miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) por 5 delitos: asesinato, homicidio, asesinato en grado de tentativa, incendió y robo agravado.
Como consecuencia de lo anterior, actualmente, se encuentran en presión tres (3) compañeros campesinos: José Isabel Morales, Carlos Antonio Maradiaga y Carlos Armando Luis Castro, contra quiénes el Ministerio Público está solicitando una pena de 250 a 340 años para cada uno, los mismos están guardando prisión en La Granja Penal “El Porvenir” ubicada en ciudad de La Ceiba, Atlántida; no obstante, el lugar en que están guardando prisión, debido a la influencia política de los terratenientes y ganaderos el caso se está ventilando en los Juzgados de Trujillo.
De igual manera y de forma incomprensible la justicia hondureña, por primera vez, se ha mostrado ágil en la ejecución del proceso a tal punto que el juicio oral y público se ha solicitado por parte del Ministerio Público para verificarse dentro de 30 días y lo normal es que en nuestro país un proceso de tal naturaleza se estaría realizando para celebrarse en un (1) año, como mínimo.
Por otra parte, la defensa de nuestros compañeros ha estado bajo la responsabilidad de la Defensa Publica, lo cual no garantiza una defensa consciente y comprometida para obtener un falló favorable, ya que según entendemos, la intervención de la defensa pública es solamente para no violentar el derecho de defensa. En forma análoga, las familias de los 32 acusados han quedado desprotegidas ya que las mismas no pueden trabajar ni circular libremente para ganar el sustento diario, por la latente amenaza de sus vidas.
Por lo anteriormente descrito, es que las organizaciones del movimiento popular y La Vía Campesina en particular han determinado presentar en forma granítica este llamado de solidaridad con el propósito de recaudar recursos económicos que permitan la contratación de servicios legales que nos garanticen la pronta libertad de nuestros compañeros a través de una defensa eficaz, comprometida y objetiva y asimismo poder contribuir en los gastos de sustento de las 32 familias campesinas afectadas.
Los fondos que se obtengan a través de esta campaña de solidaridad serán empleados en movilizar la asistencia legal que se contrate, procurar investigaciones objetivas en el lugar de los acontecimientos y realizar observaciones periciales “in situ” que conduzca, en definitiva, a obtener argumentos legales firmes para sustentar una defensa coherente con los propósitos de lograr la libertad de los compañeros afectados; cuyos costos, según nuestras estimaciones puede llegar a varios millones de Lempiras.
Para lograr este objetivo, apelamos a la solidaridad nacional e internacional a la cual se le esta solicitando su contribución pecuniaria, de manera urgente, para abordar el proceso legal a que hemos hecho referencia; asimismo, también puede aportar sus contribuciones en especie para la manutención de las familias abandonadas. Con la intencionalidad descrita, la VÍA CAMPESINA y CNTC ha aperturado una cuenta específica donde puedan hacer llegar sus contribuciones, focalizada en el Banco BANPAIS, Cuenta de Ahorros en Lempiras No. 21-304-0055-293 a nombre de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) dicha cuenta será administrada desde las oficinas de la Vía Campesina.
Al término el proceso legal, los responsables de la administración de estos recursos a través de VÍA CAMPESINA, nos comprometemos a enviar un informe transparente respecto al uso y aplicación de los recursos obtenidos e, inclusive, si es necesario, también nos comprometemos a permitir una auditoría social y popular a la administración de los emolumentos y finalmente, realizar una rendición de cuentas en un plenario general.
Adicionalmente, también le estamos sugiriendo que pueden remitir cartas de apoyo moral para nuestros compañeros e igualmente, a las autoridades del Ministerio Publico, Corte Suprema y Casa de Gobierno exigiendo la libertad de los héroes agrarios que han aperturado un camino insospechado e inédito para el relanzamiento de la reforma agraria en los albores del siglo XXI.
Se adjunta un documento de la lucha por lograr la Tierra de la Comunidad Guadalupe CARNEY.
EXIGIMOS JUSTICIA PARA LOS MARTIRES DE LA NUEVA REFORMA AGRARIA HONDUREÑA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
26 de Febrero, 2009
FIAN Honduras - Oficina Nacional Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 213-9258 E-mail: fian@fian.hn, fian@cablecolor.hn,
Página Web: www.fian.hn --
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